Lo advirtieron los administradores de fincas en su informe presentado el pasado miércoles en la capital: la morosidad de los bancos y de los vecinos está provocando que muchas comunidades de Málaga no puedan abrir ni sus piscinas este verano por los impagos, que sumaban al cierre de 2014 en la provincia 75,6 millones, de los que 17,81 corresponden a entidades bancarias.
Un ejemplo de esto ocurre en la urbanización Altos de Capistrano, en Nerja, que es lo más parecido a un territorio sin leyes. De las 62 viviendas sólo dos son de propietarios, las otras 60 están en manos del promotor, aunque sólo formalmente, ya que en la práctica pertenecen a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), tras ejecutarse la hipoteca con la antigua Caja Madrid, actual Bankia.
En los dos bloques viven alrededor de medio centenar de familias, que entre otros problemas tienen que convivir a diario sin ascensor para subir hasta una tercera planta, y ahora que el calor aprieta, contemplar desde sus terrazas una flamante piscina que no puede usarse desde que se fueron a vivir allí, hace dos años, porque la falta de pagos en las cuotas de la comunidad impide ejecutar los arreglos necesarios para su puesta en marcha.
«De los 60 pisos hay por lo menos 14 ó 15 que no pagan ni comunidad ni alquiler y están en proceso de deshaucio. Luego las cuotas de la comunidad, que son de 30 euros al mes, tampoco las pagan todos los inquilinos, ya que muchos van y vienen, ni tampoco lo hace el promotor ni la SAREB», confesó una de las residentes, que hace las veces de encargada de mantener los jardines y las zonas comunes. «En este bloque queremos conectar el ascensor, porque tiene tres plantas y es muy pesado tener que subir a pie a todos los días, sobre todo cuando vienes con compras. Nos estamos intentando poner de acuerdo los vecinos para conectarlo a la corriente y poder usarlo», detalló.
Sobre la piscina, que no se ha podido usar en los dos años que llevan habitados los inmuebles, los vecinos explican que el pasado verano, cuando quisieron llenarla para abrirla, la inspección de Sanidad de la Junta de Andalucía les comunicó que la normativa había cambiado y que la instalación no reúne las condiciones adecuadas para su uso.
20.000 euros de derrama
«Tendríamos que invertir más de 20.000 euros en cambiar la solería
del alrededor, quitar ese escalón hacia los jardines, meter los
vestuarios dentro, elevar la barandilla que la rodea, entre otras
obras», detalló Jaime Retamero, de 43 años, que lleva un año viviendo
allí. Empleado de hostelería con una cafetería situada en la barriada de
los Poetas, a escasos 300 metros, este vecino reconoció que es «un
fastidio» no poder usar la piscina para darse un refrescón cuando viene
uno todo agotado de trabajar, pero claro pagando 30 euros de comunidad
al mes es imposible arreglarla, sobre todo cuando además no todos los
vecinos pagan las cuotas», manifestó.El matrimonio inglés formado por Andrew y Lyjan Terry también lleva viviendo más de un año en la urbanización y sufriendo las consecuencias de la falta de pago. «Lo de no tener ascensor lo llevamos fatal. Lo que hacemos es pagar en el Mercadona para que nos traigan la compra a casa», confesaron los residentes extranjeros, que tienen firmado un contrato de alquiler por tres años con opción a compra. «Si lo de la piscina y los ascensores no se arregla, vamos a renunciar a la opción de compra», dijo.
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